Estos documentos sobre ALa Exclusión Social, el Empleo y la Pobreza en las Américas@ y ALa Inversión, las Finanzas y la Deuda en las Américas@ han sido redactados por la Alianza Social Continental (ASC), instancia que representa a organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la promoción de una agenda de los pueblos para la integración económica en las Américas. Ambos documentos son la expresión de nuestras preocupaciones e ideas sobre la liberalización de la inversión y del comercio en nuestro hemisferio. Ambos documentos serán dirigidos a los Ministros de Comercio, y a través de ellos, a los jefes de los gobiernos de todas las naciones del hemisferio.

El potencial impacto económico, social, político, ambiental y de género del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y de la próxima Ronda de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es dramático y de gran envergadura. Nos negamos a ser meros espectadores de decisiones tan importantes y de tan amplio alcance. La fundación de cualquier acuerdo de integración económica que afecte a nuestro hemisferio debe descansar en la transparencia, participación e información a disposición del conjunto de la población, para que sienten las bases de cooperación entre nuestros pueblos.

Hemos vivido ya casi un cuarto de siglo de Aliberalización@ de nuestras economías, de privatizaciones, desregulación, y de eliminación de aranceles y subsidios, sólo para descubrir que no estamos mejor que antes. Entre amenazas y promesas, hemos experimentado desgarradores cambios promovidos por el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y la OMC; por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial; y por los acuerdos sub-regionales de comercio tales como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), el Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR), la Comunidad Caribeña y Mercado Común (CARICOM), el Mercado Común Centroamericano (MCC) y el Pacto Andino.

A pesar de las promesas de que tales cambios serían para beneficio de todos, la brecha entre ricos y pobres se ha hecho aún más amplia. En América Latina, el 36% de la población-204 millones-vive en la pobreza, proporción similar a la de 1980. La pobreza se presenta porfiadamente en el Caribe e incluso en los Estados Unidos y Canadá. La Aliberalización@ y el Alibre@ comercio han significado solo un tratamiento liberal y libertad para los inversionistas y las firmas transnacionales. Para el resto de nosotros, ha significado mayor exclusión social, económica y política.

Varios países de nuestro región enfrentan presentemente serias crisis económicas y una degradación ambiental severa. Millones de pequeños productores agrícolas han perdido sus medios de subsistencia, y la seguridad alimentaria se ha deteriorado. En muchos países el desempleo es cada vez mayor, y se ha producido a través de toda la región un descenso en la estabilidad en el empleo. La seguridad social, la salud, y los sistemas de protección ambiental están bajo permanente asedio por parte de los defensores de las privatizaciones y la liberalización. Los inversionistas han utilizado ya en varias ocasiones el Capitulo 11 del TLCAN para forzar a los gobiernos de Norteamérica a reducir la eficacia de leyes o para anular regulaciones originalmente diseñadas para la protección del medio ambiente y la salud humana.

Recientes acuerdos Acomerciales@, tales cómo el TLCAN, están dotados de disposiciones sobre inversión y finanzas que en algunos aspectos son más significativos que los términos concernientes al acceso a los mercados. Tales provisiones acrecientan las ventajas del capital internacional por sobre la inversión nacional productiva.

Llamamos a nuestros gobiernos a asumir su responsabilidad con todos los ciudadanos, y no sólo con aquellos pocos que ya tienen los medios para beneficiarse de la creciente circulación de bienes, de servicios, y de capital. Les llamamos a analizar cuidadosamente bajo qué condiciones el aumento de comercio y de inversión es beneficioso, y bajo qué condiciones es dañino, en vez de simplemente asumir que siempre es beneficioso.

Llamamos a nuestros gobiernos a terminar con la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a la educación, de la erradicación de la pobreza, por la democracia, y el desarrollo sustentable utilizado en el proceso de la Cumbre de las Américas, y la práctica actual de articulación de los acuerdos comerciales entre ellos, lo cual privilegia los intereses de los inversionistas y las corporaciones transnacionales.

Nosotros, miembros de La Alianza Social Continental (ASC) estamos unidos en torno a una visión alternativa de un hemisferio integrado. Esta visión se basa en el respeto por los derechos humanos, la diversidad cultural, y el medio ambiente, junto al fortalecimiento de los proyectos nacionales de desarrollo social que eleven las normas y las capacidades de todas y de todos los ciudadanos, en vez de arrastrar a algunos hacia el Acomún denominador más bajo@.

No nos oponemos al establecimiento de reglas a las inversiones ni al comercio internacional y regional. Tampoco nuestras críticas al modelo dominante neo-liberal de políticas de integración implican el deseo de volver al pasado. Pero las actuales reglas no han ayudado a nuestras naciones a superar o siquiera disminuir los problemas sociales y económicos. Hemos propuesto un marco alternativo de trabajo, en el cual continuamos trabajando y desarrollando. La propuesta está resumida en el documento Alternativas para las Américas; Hacia la Construcción de un Acuerdo Hemisférico de los Pueblos que incluye propuestas específicas para las áreas consideradas en los debates del ALCA como asimismo para áreas no consideradas y que debieran serlo (tales como derechos humanos, derechos laborales, y preocupaciones ambientales).

En su reunión de marzo de 1998 en San José de Costa Rica, los ministros de comercio responsables de la negociación el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) invitaron a las organizaciones de la sociedad civil a presentar sus perspectivas sobre la integración continental. A pesar de considerar este mecanismo demasiado limitado, la ASC entregó nuestro documento, Alternativas Para Las Américas, al comité de la Sociedad Civil. Los dos documentos que presentaremos con motivo de la Quinta Reunión de los Ministros de Comercio en Toronto, Canadá en noviembre de 1999, son respuestas adicionales a la invitación extendida por los ministros de comercio en San José.

Ambos documentos cubren problemáticas que consideramos imprescindibles para el debate de cualquier acuerdo comercial para el hemisferio. Los temas de la inversión y las finanzas se encuentran ya en el seno de los debates oficiales sobre el ALCA, debido a la importancia de dichos asuntos para la comunidad empresarial. Sin embargo nosotros consideramos que las políticas diseñadas respecto a estos temas deben someterse a una revisión cuidadosa, exhaustiva y transparente por parte de nuestros congresos y parlamentarios, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, los gobiernos de las Américas cumplirán con los compromisos contraídos en la reunión ministerial de Costa Rica en el sentido de garantizar que Alas negociaciones serán transparentes,@ y que Ala negociación del ALCA tomará en consideración la amplia agenda económica y social contenida en los Principios y Plan de Acción de la Declaración de Miami.@

Lamentablemente, los temas presentados en nuestro documento sobre la exclusión social no están considerados en las discusiones del ALCA. Algunos temas sí han sido discutidos en las reuniones organizadas por el Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC), administrado por la Organización de Estados Americanos (OEA), un foro separado de las discusiones del ALCA. Sin embargo, nosotros estamos convencidos que no es posible separar la liberalización del comercio y la inversión de las metas de Afortalecer la comunidad de democracias,@ Aerradicar la pobreza y la discriminación@ y Agarantizar el desarrollo sostenible@. Todos los principios anteriores formaron parte del acuerdo firmado por las 34 naciones que asistieron a la Cumbre de las Américas realizada en Miami en 1994. Tampoco es posible desvincular la discusión sobre inversión y comercio hemisférico de los compromisos sobre derechos humanos asumidos por nuestros gobiernos al firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Inter-Americano sobre Derechos Humanos y demás instrumentos multilaterales.

Nosotros creemos que no debiera existir el ALCA si no incluye la agenda social, y si no incorpora la protección al medio ambiente y el respeto por los derechos humanos y laborales. Debe existir una amplia participación de la ciudadanía en las negociaciones de cualquier tipo de acuerdo. Cualquier acuerdo debe considerar el respeto y el mejoramiento de los derechos sociales y económicos de los trabajadores, mujeres (quienes han sido duramente afectadas por la reestructuración de la producción), campesinos, pueblos indígenas y los trabajadores y trabajadoras migrantes.

No debiera existir el ALCA si no puede proteger a la población de la vulnerabilidad e inestabilidad causadas por el capital especulativo y de la inversión de flujos rápidos de capital. Precisamos acuerdos que reconocen e intentan lidiar con las diferencias en los niveles de desarrollo de los países, y que permita una integración de nuestras economías basada en modelos de desarrollo nacional definidos democráticamente, una integración basada en el consenso. La integración firme, sustentable, y democrática, junto con las economías nacionales justas, deben formar las bases de un hemisferio poderoso.

En este sentido las negociaciones no deben proceder hasta que no estén establecidos los mecanismos para la democratización del proceso y de esta forma asegurar que las inquietudes de la sociedad civil en cuanto a las dimensiones sociales, laborales, ambientales y de genéro sean seriamente consideradas.