La Inversión, las Finanzas y la Deuda en las Américas Aliaza Social Continental y Common Frontiers-Canada
Foro de la Sociedad Civil de las Americas Toronto, Canada, Noviembre 1999
Los ministros del comercio responsables de las negociaciones sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) han tenido suficientes oportunidades para conocer las opiniones de las empresas transnacionales y de los gremios empresariales. A cada reunión de los ministros de comercio, se ha invitado a su contraparte, el Foro Empresarial de las Américas, a presentar sus propuestas para un tratado de integración económica hemisférica. El objetivo del presente documento es formular una alternativa coherente desde un punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la promoción los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios y de otros grupos marginados, de la democracia, de la diversidad cultural, del desarrollo social y del desarrollo ambientalmente sustentable. El comercio internacional juega un papel importante en la construcción del bien común, aunque no debe ser considerado como un fin en sí ni como un mecanismo que automáticamente contribuya a ese bien común. Las disposiciones sobre inversión y finanzas del ALCA y de la OMC son tan o de mayor importancia, que las condiciones relativas al acceso a los mercados. Las recientes crisis financieras desestabilizadoras en América Latina y Asia, junto y el nefasto traspaso de riquezas desde el Sur hacia el Norte, resultante de los pagos excesivamente altos de la deuda externa, son testimonio de la importancia de los temas financieros. Renato Ruggiero, el ex-director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ha comparado la negociación de acuerdos internacionales sobre la inversión a "la redacción de una constitución para una economía mundial única". De hecho las reglas sobre la inversión inscritas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pacto firmado por Canadá, Estados Unidos y México, que se proponen también para el Acuerdo Multilateral sobre la Inversión (AMI), se asemejan a las constituciones en el sentido de determinar lo que los gobiernos pueden y no pueden hacer. Los precedentes establecidos en el TLCAN constituyen claramente la propuesta de un modelo para cualquier capítulo sobre inversiones en del Área de Libre Comercio de las Américas y la OMC. Las empresas transnacionales buscan, a partir de los precedentes sentados en el TLCAN crear las condiciones para implementar las disposiciones del AMI aunque éste fue derrotado en el seno de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La derrota del AMI se puede atribuir en no poca importancia a la oposición de los grupos de la sociedad civil, los cuales se mantienen alertas contra su posible vuelta al escenario en otros foros.
Lo que está en juego es una lucha entre las ambiciones de las transnacionales de quedar libres de los controles estatales y la capacidad de la ciudadanía del hemisferio y los gobiernos que nosotros elegimos para determinar nuestro propio destino. (Bissio 1999:33) Todo parece indicar que se pretende ensalzar los derechos de las grandes empresas sin establecer obligaciones correspondientes con los pueblos y naciones de nuestro continente. Nuestras propuestas subordinan los derechos de las empresas a los derechos de los pueblos y de las naciones del continente.
A. Trato Nacional y Requisitos de Desempeño El Foro Empresarial de las Américas, en su reunión de 1998, reiteró el deseo de las empresas de lograr la negociación de un tratado sobre inversiones basado en el principio de "trato nacional". Las reglas sobre inversiones del TLCAN y el AMI se fundan en el "trato nacional" para los inversionistas extranjeros, lo que implica garantizar a éstos un trato tan favorable como el que se otorga a las empresas nacionales. Mientras que en el GATT el trato nacional se aplicaba únicamente a los impuestos y reglamentos sobre bienes importados, se pretende que el TLCAN y el fallido AMI apliquen tal concepto a vastos sectores de la actividad económica de un país, sectores que en el pasado estaban exentos de las restricciones multilaterales. Por ejemplo, el otorgamiento de permisos para la explotación de recursos naturales y para proveer servicios sociales y de salud, las concesiones para suministrar servicios de agua y electricidad y muchas otras actividades están ahora incluidas a menos que estén explícitamente excluídas. Las exclusiones aplicables a un solo país son problemáticas puesto que los paneles de resolución de disputas tenderán a interpretarlas en forma estrecha. Las restricciones impuestas por un gobierno son temporales; un gobierno futuro las podrá eliminar, y una vez eliminadas, ningún gobierno podrá restablecerlas nuevamente.
REQUISITOS DE DESEMPEÑO El Foro Empresarial también busca imponer restricciones sobre los "requisitos de desempeño", es decir, las condiciones impuestas por un gobierno para supeditar la inversión extranjera a los objetivos de política interna. La prohibición de requisitos de desempeño va más allá del trato nacional en tanto priva a los gobiernos de importantes instrumentos de políticas, aunque éstos se apliquen por igual a los inversionistas nacionales y extranjeros. Por tanto éstas prohibiciones no son relativas sino que absolutas. Tratados consecutivos han ampliado la lista de requisitos de desempeño prohibidos. El Artículo 1,603 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos prohibió a los gobiernos el exigir que los inversionistas exporten una proporción determinada de su producción, que utilicen insumos locales, o que contraten mano de obra local. El TLCAN, en su Artículo 1,106, consagró estas disposiciones y sumó a la lista de los requisitos de desempeño vedados cualquier exigencia a los inversionistas extranjeros de equilibrar sus exportaciones e importaciones, de llevar a cabo transferencia tecnológica, o de servir de proveedor exclusivo de un producto o servicio para una región específica o para el mercado internacional. El borrador del AMI habría extendido aun más esta lista de prohibiciones para proscribir el requerimiento que las firmas alcancen un nivel determinado de producción o empleo local, se asocien con inversionistas locales o que establezcan su sede regional en un país definido Dichas prohibiciones se dirigen a las estrategias que los gobiernos utilizan para garantizar que el desarrollo económico sea de beneficio de la población local. El Foro Empresarial de las Américas de 1998 presionó por una ampliación en la definición del trato nacional para incluir el pago de impuestos. También dijo que el ALCA debería "proporcionar tratamiento nacional no discriminatorio en forma uniforme al capital que se origine en países de fuera del ALCA." De aceptar esta propuesta, los inversionistas europeos y asiáticos recibirían el mismo tratamiento que los inversionistas de las Américas (Weisbrot y Watkins 1999: 6-7) El anhelo de algunas empresas transnacionales por incorporar las disposiciones del AMI al ALCA fue revelado claramente en el Foro Empresarial de San José en la ponencia de la American Electronics Association, la cual sugirió concretamente que "un acuerdo hemisférico sobre inversiones recurriera a los principios enunciados en el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, bajo los auspicios de la OCDE." (Bissio 1999:37) El Foro Empresarial de 1998 también propiciaba el derecho de establecimiento de las empresas transnacionales. Si se diera una interpretación amplia a este derecho, tal como aparece en el borrador del AMI, las empresas extranjeros podrían pasar libremente a ser dueños de aquellos sectores hasta ahora reservados por algunos países para inversionistas nacionales o como patrimonio estatal, tales como la tierra, los recursos naturales, y los medios de comunicación. (Bissio 1999:39) Estas exigencias empresariales presentan grandes desafíos al control democrático de los pueblos sobre su destino. Los integrantes de la sociedad civil necesitan una oportunidad para debatir el tipo de restricciones que debieran imponerse a la inversión extranjera. La inversión extranjera directa (IED) puede jugar un papel positivo cuando es canalizada hacia actividades productivas y no especulativas, cuando contribuye a la transferencia tecnológica, cuando facilita el acceso a mercados, y cuando crea empleos de acuerdo con los planes nacionales de desarrollo definidos democráticamente. En el mismo sentido, puede tener efectos negativos cuando absorbe los ahorros locales o cuando quebranta la industria local y conduce a excesivos flujos de capital, siendo también destructivo cuando los empleos creados por ella se sitúan en enclaves desconectados de la economía nacional. Recientes experiencias nos demuestran que algunos formas de IED tienen efectos negativos y que los países necesitan mecanismos que les permitan aplicar criterios para determinar los tipos de inversión que seran bienvenidos y los que prohibirán. Sostenemos que los gobiernos deben tener el derecho de imponer requisitos de desempeño a los inversionistas extranjeros y de acordar un trato preferencial a las empresas locales, a los negocios familiares, y de propiedad comunitaria, así como a las empresas de propiedad pública. Las limitaciones del ahorro interno actual y potencial de los países pobres de América Latina y el Caribe para encarar las urgencias de crecimiento económico hacen necesario en ese contexto, considerar a la inversión extranjera como un apoyo al que se puede recurrir. Sin embargo, ello no significa que se proceda a acelerar el ingreso indiscriminado de capital extranjero, como lamentablemente ha ocurrido en la mayoría de los países de la región en la última década. Tanto la crisis mexicana de 1994 como la llamada crisis Asiática de 1997- 98 han contribuido a poner de manifiesto los peligros y problemas que rodean el hacer depender el crecimiento del producto (y en ocasiones la estabilización de los precios internos) de un masivo financiamiento extranjero. No sólo cabe mencionar, entre otros riesgos, la inestabilidad del crecimiento y de los equilibrios macroeconómicos que se producen cuando la inversión extranjera que entra a un país es eminentemente de corto plazo, y por lo tanto de carácter especulativo y altamente volátil. Asimismo hay que tomar en cuenta otros problemas que se plantean, incluso cuando se trata de IED canalizada hacia actividades productivas, como ocurrió en el caso de Chile y otros países de América Latina entre 1994 y 1999. En primer lugar, la abundante IED que recibida por América Latina en los últimos cinco años ha reafirmado la debilidad estructural principal del crecimiento de algunos países, es decir, la dependencia para los ingresos de exportación de un reducido número de productos primarios o de unos pocos mercados (o de ambos). En efecto, por virtud de los sectores donde está colocada, la IED ha tendido a reforzar en algunos países el sesgo del crecimiento orientado a una mayor dependencia de la explotación y procesamiento de recursos naturales. El resultado es que la dinámica de los ciclos económicos en dichos países esta sujeta a las variaciones del precio internacional de las materias primas en cuestión. En el caso chileno, la masiva infusión de la IED en la minería del cobre ha tenido como resultado la sobreproducción y la obreoferta del metal rojo a nivel mundial, lo que ha llevado a un período de bajos precios internacionales, con caídas sin precedentes históricos. Ello redujo la entrada de divisas al país después de 1995, situación que empeoró aun más después de la crisis asiática. Este ejemplo pone de manifiesto la necesidad de establecer acuerdos internacionales eficaces sobre materias primas para apoyar los precios de dichos productos, que han experimentado un dramático descenso en las condiciones de su comercialización en los últimos años. La inversión masiva en la explotación de los recursos no-renovables ha incrementado la presión sobre el ecosistema, ocasionando múltiples daños al medio ambiente y a las comunidades circundantes. En segundo lugar, la afluencia masiva de capitales extranjeros a América Latina en esta última década ha tendido a motivar la preciación de las monedas locales, lo cual debilita la competitividad de las economías latinoamericanas, especialmente el de sus sectores industriales. Las autoridades monetarias han permitido estos procesos, aprovechándolos para controlar y reduccir la inflación interna, subvalorando a veces el progresivo deterioro de la balanza comercial y el crecimiento del déficit actual de la cuenta corriente. Y sólo han reaccionado tardíamente frente a este problema, con costosos ajustes monetarios –y fiscales– después que el impacto de la crisis asiática ha expuesto a estas economías y a sus monedas a los ataques especulativos. Esto ha significado, por un lado, congelar el desarrollo exportador, entendido como un proceso de impulso de la diversificación de productos y mercados de exportación y de aumento en el valor agregado. Por otro lado, el atraso cambiario ha significado acentuar el proceso de quiebra de la industria nacional, enfrentada muchas veces a precios internacionales subsidiados o coyunturalmente bajos. En tercer lugar, la contracción recesiva de la economía mundial en los últimos 20 meses ha acelerado el proceso de fusiones y adquisiciones en todo el planeta, incluyendo la región Americana. En todos los países y áreas del mundo donde, producto de la recesión, se agudiza la falta de liquidez y de solvencia de las empresas locales, surgen oportunidades para que las empresas transnacionales adquieran sus activos a precios muy convenientes. Se centraliza el capital, y la monopolización u oligopolización aguda de los mercados se incrementa. Algunas de la empresas transnacionales que hoy empiezan a sentar hegemonía en ciertos mercados regionales, llegaron inicialmente en calidad de socios menores, producto de alianzas estratégicas que grupos locales establecieron a fin de "ampliar sus espaldas" para emprender su implantación en los mercados latinoamericanos. Pero una vez instaladas, con un conocimiento más pleno de los mercados y de los marcos político-legales, pasan a convertirse en los socios controladores. Se hace evidente, en esta etapa de la transnacionalización de la economía latinoamericana, el rol cada vez más hegemónico del capital transnacional. Por otro lado emergen a la luz en algunos países de la región las debilidades del marco regulatorio y la capacidad del estado en general para enfrentar este nuevo contexto. El estado en países como Chile, en el marco de la estrategia de desarrollo imperante, ha carecido incluso de la capacidad para orientar o condicionar las inversiones a ciertas condiciones sociales. Se ha limitado más bien a asegurar el marco institucional que el sector "privado" le exige de acuerdo a sus necesidades. El rol regulador del estado se ha transformado en muchos países a ir ajustando la legislación y la institucionalidad económica a los intereses y propósitos de los grandes grupos económicos locales y de las empresas transnacionales, los que se autodefinen como representantes de los intereses y propósitos del país. La importancia que ha adquirido el sector privado para definir la estabilidad y el crecimiento económico, es tal que la independencia de los legisladores en tales países está, realmente en cuestión. Las debilidades del marco regulador de la actividad económica en múltiples áreas dominadas por la inversión extranjera han quedado una y otra vez al desnudo, con respecto a proteger la soberanía nacional; entre ellas la defensa de los derechos de los consumidores, la defensa de la libre competencia, la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de la mujer, y del niño, la protección de los pueblos indígenas y de los éstandares del medio ambiente y la salud, entre otros. El retraso que en tal sentido muestran los marcos institucionales en la mayoría de los países de América Latina, no es sólo consecuencia de estar frente a un fenómeno históricamente nuevo, sino también a la aceptación de la falacia de las bondades "per se" de la inversión extranjera, y que debe ser fomentada, sin mayores restricciones.
RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A LOS MINISTROS DE COMERCIO: Un punto de consulta para la respuesta de la sociedad civil es el documento titulado Alternativas para las Américas, que refleja el contenido de las discusiones iniciadas por los grupos de la sociedad civil en abril de 1998 en la Cumbre de los Pueblos de las Américas que tuvo lugar en Santiago de Chile. A.1. Reiteramos nuestra afirmación que "la inversión extranjera es bienvenida a nuestros países siempre y cuando adhiera a los reglamentos que garanticen los derechos económicos y sociales de la ciudadanía y promueva un desarrollo sustentable." Reiteramos el desafío de el documento Alternativa para las Américas al principio de trato nacional a los inversionistas extranjeros, sosteniendo que es legítimo aplicar reglas diferentes a los inversionistas extranjeros a las que se apliquen a las empresas locales, negocios de familias, y de propiedad comunitaria, así como a las empresas públicas. A.2. Aunque el principio de trato nacional se implementa mediante la aplicación de las mismas reglas a todos los inversionistas, sostenemos que "un trato igual entre desiguales es profundamente injusto". (Castillo 1987) El trato nacional no toma en cuenta las enormes asimetrías, es decir, los niveles muy desiguales de desarrollo entre nuestros países. Proponemos que los acuerdos incorporen concesiones no-recíprocas de parte de los países más poderosos, y un "trato justo" que reconozca las asimetrías y diferencias existentes. Es de particular importancia para las economías pequeñas y los estados insulares, un trato especial y diferenciado. A.3. Debido a que los productos culturales son bienes comerciales y también instrumentos de comunicación social involucrados en el funcionamiento demócratico de cualquier sociedad, recomendamos el establecimiento de reglamentos separados dentro del ALCA para la inversión en dicho sector. Es preciso que dichos reglamentos sean aceptados como disposiciones que incluyen; subsidios, restricciones a la inversion extranjera, y exigencias de contenidos que refuerzen la presencia de la cultura local y preserven la diversidad de los idiomas. A.4. Reiteramos la propuesta planteada en Alternativas para las Américas que ningún tratado internacional sobre inversiones, tal como el ALCA, ni tampoco ninguna institución, tal como la OMC, deba impedir a los gobiernos el exigir los requisitos de desempeño cuando ellos sirvan al desarrollo económico sustentable, la protección del medio ambiente, u otras legítimas metas. Sostenemos que los gobiernos deben tener la capacidad para exigir a los inversionistas que cumplan con las metas nacionales, regionales y locales y con la adquisición local de insumos, la contratación de mano de obra local, la transferencia de tecnología apropiada, e incentivos para la reinversión de las utilidades. Se exige que las empresas den preferencias a los pequeños productores, a las mujeres, a las comunidades indigenas y otros grupos tradicionalmente marginados cuando adjudican contratos o creditos, en el caso de las empresas financieras. A.5. Apoyamos las normas adoptadas por los gobiernos para controlar el ritmo de la explotación de los recursos naturales para prevenir su sobre explotación. Apoyamos también el establecimiento de acuerdos internacionales de fijación de precios sobre bienes de consumo de acuerdo al nivel de las remuneraciones. A.6. Repetimos el desafío planteado en Alternativas para las Américas al modelo de las empresas transnacionales, proponemos que los gobiernos tengan el poder suficiente para fomentar la inversión productiva tendiente ha aumentar los vínculos entre la economía local y la nacional (como también con la economía mundial). A la vez que tengan la capacidad para limitar la inversion que no contribuya netamente al desarrollo humano sustentable, sobre todo la inversión especulativa y de carteras a corto plazo, que lleva a la volatilidad e inestabilidad, al rapido flujo de capitales, y a crisis económicas.
B. La "Expropiación" y las Disputas entre Inversionistas y Estados El Foro Empresarial de las Américas de 1996 abogó por que el acuerdo hemisférico sobre inversiones proporcione mayor protección contra la expropiación, y cuando ello ocurra, otorgue garantías de compensación efectiva. (Bissio 1999:37) Es necesario considerar esta exigencia a la luz de la historia y como las las empresas han aprovechado las referencias dentro del TLCAN (Artículo 1110:1) en relación a la expropiación "indirecta" y contra la adopción de "ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión." Las empresas han usado esta mal definida referencia de la expropiación indirecta y el proceso de resolución de controversias entre inversionistas y el Estado (Artículos 1115 - 1138) para cuestionar importantes políticas de gobierno que afectan áreas de interés vital. Las empresas afirman que las medidas que cubren la esfera normal de reglamentación de parte del gobierno, especialmente en los ámbitos de protección del medio ambiente y de la salud humana, constituyen expropiaciones indirectas de sus activos puesto que reducirían la utilidad esperada. La abogada ambientalista Michelle Swenarchuk (1999) ha registrado los siguientes conflictos entre inversionistas y estados hasta octubre de 1999:
Vistas colectivamente, tales demandas demuestran la amplia gama de desafíos que afectan a los poderes reguladores de los gobiernos. Son de especial preocupación por las repercuciones que tienen al comprometer la capacidad de los gobiernos para proteger la salud humana y el medio ambiente. También representan un reto enorme al proceso democrático al permitir que las empresas puedan vetar los procesos reguladores nacionales. En los casos de Sun Belt y Loewen, se está recurriendo al TLCAN para cuestionar los resultados de los fallos de las cortes nacionales y para sortear el proceso regular de litigio civil. Estos casos tienen un efecto "enfriador" sobre la voluntad de los gobiernos, ya sea a nivel local, federal, provincial o estatal, de implementar nuevas medidas reguladoras, por temor a demandas basadas en el TLCAN. Habiendo sido Canadá el blanco de cuatro de las demandas en virtud del mecanismo del TLCAN de solución de controversias entre inversionistas y el Estado, dicho país ha propuesto negociar un acuerdo con Estados Unidos y México para limitar el alcance del capítulo sobre inversiones y para hacer más compatibles y transparentes los procedimientos de arbitraje de controversias entre los inversionistas y los Estados con los procedimientos jurídicos de Canadá. El ex-Ministro de Comercio, Sergio Marchi, proponía que los tres países adoptaran una interpretación conjunta de la cláusula de expropiación (Artículo 1110) de modo que quedase claro que el término "expropiación" no se aplica al accionar normal de reglamentación de parte de los gobiernos. Hasta ahora, solamente los Estados Unidos han manifestado su voluntad de dialogar en torno a una clarificación en este sentido, en tanto que México aún se resiste.
RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A LOS MINISTROS DE COMERCIO B.1. Nosotros nos oponemos a los mecanismos vigentes de resolución de controversias entre los inversionistas y los Estados, establecidos en los acuerdos comerciales y en el ALCA y la OMC. B.2. La resolución de disputas debe primero realizarse, a través de la aplicación de las leyes y los tribunales del país receptor de la inversión, en el cual los ciudadanos afectados por yales decisiones tengan la oportunidad de participar en el diferendo. Debemos desarrollar propuestas específicas para tratar estas disputas de inversiones internacionales en foros futuros. B.3. Las organizaciones de la sociedad civil, en función de defender los legítimos poderes reguladores de los gobiernos, se oponen a la definición amplia de la inversión y a la inclusión de referencias a "medida[s] equivalente[s] a la expropiación"en los acuerdos internacionales sobre la inversión y el comercio. Objetamos específicamente el definir como inversión la financiación de la cultura. Por lo tanto exigimos que reglas diferentes sean creadas para regular las actividades que tienen como objetivo fomentar la cultura local o nacional existente y preservar la indentidad cultural.
C. El "Dinero Caliente" El Foro Empresarial de las Américas de 1998 promueve la creación de "mecanismos efectivos para la transferencia libre" más allá de las fronteras nacionales, de los activos financieros. Esto podría significar mayor libertad para las empresas para repatriar las utilidades y los capitales de inversión, fuera del alcance de la reglamentación sobre flujos capitales ya establecida en el TLCAN. (Weisbrot y Watkins, 1999:6) Antes de liberalizar aun más el flujo de capitales transfronterizo se debería examinar la historia de la crisis del peso mexicano de 1994 y de 1995, y de las crisis económicas posteriores de Asia (1997) y Brasil (1998 - 1999). Estas crisis demuestran el impacto desestabilizador que tienen los flujos de los capitales de inversión de corto plazo que entran y salen de un país. El TLCAN (Artículos 1109 y 1401:2) aportó a la crisis mexicana a través de los límites a controles sobre el "dinero caliente". En un período de cinco años, de 1989 a 1994, casi tres cuartas partes de la totalidad de la inversión extranjera que entró a México (US$98 mil millones) fue de inversiones de cartera de corto plazo, o sea, compra de bonos y acciones de participación no mayoritaria. Sólo el 27% de la inversión que entró a México fué de inversión directa. Aun así, la inversión directa no creó muchos empleos nuevos, ya que gran parte de ella se destinó a la compra de empresas estatales privatizadas (Arroyo 1995). Durante la crisis del peso de 1994-1995, los inversionistas retiraron de México un total de US$48,6 mil millones en inversiones de cartera. (Arroyo 1999:74) El gobierno mexicano se vio forzado a recurrir al Fondo Monetario Internacional y a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para requerir un paquete de rescate de un monto aproximado a los US$48 mil millones. No hubo consulta con la ciudadanía de Canadá ni de los Estados Unidos. Los beneficiarios principales de este rescate fueron los especuladores de divisas y las entidades crediticias de dinero caliente quienes fueron reembolsados por el gobierno de México. El pueblo mexicano tuvo que cargar con la inmensa deuda y severas políticas de austeridad. (Peñaloza 1995) La deuda externa de México subió de US$132 mil millones a fines de 1993 a US$166 mil millones en 1995. (Banco Mundial 1998) El pago de servicio de la deuda continua ocasionando penurias al pueblo mexicano. La crisis Asiatica repitió el mismo patrón que se dio en México que se caracterizó por ingresos excesivos de inversiones de cartera, seguidas por flujos rapidos y desestabilizadores de capital. La rotación en flujos netos de capital privado hacia cinco países de Asia (Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas) llegó a la pasmosa suma de US$105 mil millones en un solo año. Una vez más, el paquete de rescate brindado por las instituciones financieras internacionales y los gobiernos de los países del Norte, del monto de los US$117 mil millones fue de beneficio de los inversionistas en Tailandia, Indonesia y Corea, mientras los pueblos de esos países han cargado con las nuevas deudas y más medidas de austeridad. Hubo un retroceso en los índices de desarrollo humano y las mujeres fueron las primeras en perder sus empleos y las últimas en ser recontratadas. Chile es uno de los países de América Latina que se escapó del "efecto tequila" que desestabilizó los mercados financieros de la región tras la crisis mexicana. Una razón de la estabilidad financiera de Chile es que el sistema de "encaje" de ese país, exige que los inversionistas extranjeros depositen una parte del capital ingresado en una cuenta sin interés en el Banco Central. Es más, las inversiones de cartera debían permanecer en el país por el plazo mínimo de un año. A pesar de que Chile suspendió el "encaje" hace pocos meses, la experiencia demuestra la eficacia de tales controles para mitigar la inestabilidad financiera. No obstante, los reglamentos y políticas de Chile relativas a la inversión extranjera directa no han ofrecido protección alguna contra otros peligros y problemas. Chile fue pionero en la implementación de las políticas neoliberales. Las expresión más elocuente de esto es el establecimiento de los acuerdos de integración económica que Chile ha establecido con otros países, entre ellos Canadá, México, la región Centroamericana y el MERCOSUR. A pesar de las políticas de apertura de mercado y de de-regulación que lo llevaron a altos índices de crecimiento, con excepción de éste año, y los altos índices de inversión extranjera, este modelo ha fracasado. La tasa de desempleo de un 6% a principios de la decada a un 12% en el presente y en 15% en las mujeres, de acuerdo a fuentes oficiales. La deuda externa creció de 17 mil millones de dólares en 1990 a un 30 mil millones a fines de 1998. Chile fue presentado por el Presidente Clinton en la última Cumbre de Santiago como el modelo paradigmatico para América Latina. Si éste es el paradigma, entonces no es un modelo digno de ser imitado. Tras la crisis financiera asiática, se ha iniciado un debate sobre la mejor manera de "enfriar" el dinero caliente. En las reuniones del FMI y el Banco Mundial y del Grupo de los Siete países industrializados (al que ahora se ha sumado el nuevo Grupo de los Veinte países industrializados y "mercados emergentes"), los ministros de finanzas debaten cómo evitar que los inversionistas privados retiren sus inversiones en forma precipitosa, lo que puede desencadenar o exacerbar una nueva crisis financiera. En vez de rescatar a inversionistas privados con dinero del presupuesto público, como ha sido el caso de México, de Asia, y últimamente, de Brasil, los ministros ahora discuten cómo hacer que los inversionistas privados asuman parte de los costos de resolución de las crisis financieras. Las discusiones de los ministros de comercio sobre mayor liberalización del flujo de capital transfronterizo podrían contrarrestar los esfuerzos de los ministros de finanzas por encontrar formulas para enfriar el dinero caliente. Las firmas financieras del sector privado ven en los pactos comerciales, tales como el ALCA, una oportunidad de limitar los esfuerzos de reestablecer algunos tipos de control sobre el capital. A pesar de las experiencias de las crisis mexicana, asiática y brasileña, los operadores privados de capitales defienden la liberalización de los mercados financieros en nombre de la "eficiencia" del flujo desregulado de capital. Sin embargo la evidencia histórica demuestra que los flujos excesivos de capital internacional no conducen a un uso eficiente de fondos sino que al pánico, las manías y las crisis y. (Kindleberger 1996) Prominentes economistas convencionales, tales como Dani Rodrik, Jeffrey Sachs, Jagdish Bhagwati y Paul Krugman, nos están advirtiendo del peligro de la liberalización de las cuentas de capitales. Sus estudios confirman la conclusión del economista jefe del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, quien dijo que "la liberalización de las cuentas de capitales tiene el peligro potencial de imponer mayores riesgos y mayores desigualdades... los estudios demuestran que no existe ninguna relación sistemática entre la liberalización de las cuentas capitales, la inversión y el crecimiento económico". (citado en Weisbrot y Watkins, 1999:19)
RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A LOS MINISTROS DE COMERCIO C.1. Los controles sobre el capital, tales como los utilizados en Chile y Malasia, han cobrado nueva vigencia en los círculos oficiales. Sin embargo, estos tipos de controles no serían permitidos bajo las disposiciones del TLCAN. Afirmamos la legitimidad de medidas que limiten la entrada de capital, en el sentido de exigir que los inversionistas extranjeros depositen una parte del capital que aportan al país en una cuenta sin interés del banco central o que la inversión extranjera de cartera permanezca en el país por un período mínimo. También apoyamos la legitimidad de controles sobre el capital, como los implementados en Malasia, los cuales limitaban los retiros de la inversión de cartera por un período de un año además de imponer controles selectivos de divisas. La implementación de estas medidas permitió a Malasia adoptar una política monetaria de expansión y retomar el camino del crecimiento económico. Apoyamos la adopción de normas de fiscalización y control de los bancos así como las restricciones sobre el financiamiento extranjero que ingrese a un país sin controles de tipo encaje de depósito mínimo de capital. Consideramos el uso de controles de capital como parte integral de una estrategia de desarrollo y no como un mecanismo reservado para las emergencias. El control sobre el capital debiera facilitar la implementación de políticas monetaristas que refuerzen la capacidad de los países para otorgar préstamos de bajos intereses a pequeños productores, mujeres y comunidades marginalizadas. Nos oponemos a que las instancias de control de comercio adquieran competencia sobre las medidas destinadas a estabilizar la balanza de pagos de un país, como la decisión recientemente emitida por el Órgano de Apelación del Sistema de Resolución de Controversias de la OMC que ordenó a la India remover las restricciones cuantitativas que utilizaba para efectos relacionados con la balanza de pagos. (Raghavan 1999) C.2. Reiteramos la Declaración de Río de Janeiro emitida el 29 de junio de 1999 por el Foro por el Diálogo de la Sociedad Civil Europa - América Latina - el Caribe, la cual hace un llamado a contrarrestar la liberalización financiera y a implementar controles sobre el flujo internacional de capitales mediante impuestos sobre la inversión internacional. C.3. La propuesta del premio Nobel, economista James Tobin de implementar un impuesto a las transacciones financieras internacionales para enlentecer la especulación financiera y capacitar a los gobiernos para ejercer mayor control sobre sus políticas monetarias está ganando mayor apoyo.. En marzo de 1999, el Parlamento de Canadá aprobó por 164 a 83 votos una moción no-vinculante que insta al gobierno a implementar un impuesto sobre transacciones financieras en conjunto con la comunidad internacional. El impuesto "Tobin" también generaría ingresos sustanciales para el desarrollo económico y social de países menos desarrollados. Apoyamos la implementación de un nuevo impuesto sobre las transacciones de capital de corto plazo que no interfiera con el financiamiento de las actividades productivas. Respaldamos la canalización de los ingresos generados por tales impuestos hacia los fondos para la cohesión social como los existentes en la Unión Europea. Asimismo apoyamos medidas que obligarían a los financistas internacionales a responsabilizarse por los riesgos en que incurren cuando provoquen crisis financieras y a compartir los costos de la resolución de dichas crisis. C.4. Reiteramos la afirmación expresada en Alternativas para las Américas: "Dado que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han fallado en no supervisar el sístema financiero internacional en el sentido de apoyar el desarrollo productivo y sustentable, deberían ser reestructurados profundamente o en su defecto ser remplazados por nuevas instituciones internacionales." Deberemos desarrollar ideas propias para la democratización de la instituciones financieras internacionales en foros futuros. C.5. Favorecemos la disponibilidad de mejores servicios de información acerca de los riesgos de crédito a fin de eliminar las primas en las tasas de interés y para evitar la fuga desbandada de capital.
D. La Deuda Externa En toda la región de América Latina y el Caribe, la deuda externa ha crecido de US$257 mil millones en 1980 a US$736 mil millones en 1999 (Banco Mundial 1999). La crisis de la deuda de los años 80 fue provocada por cambios en la política monetaria de los países del norte, lo que desencadenó un incremento dramático de las tasas de interés pagables sobre préstamos internacionales. En el período de 1975 a 1979, las tasas reales de interés sobre préstamos a tasa flotante concedidos a países menos desarrollados rondaban el promedio de un 0,5%. Subieron a un promedio de 13,1% entre 1980 y 1984. Mientras que los bancos privados transnacionaes pudieron sustraerse de la crisis de la deuda de la década de los 80 mediante el Plan Brady, lo que les permitió convertir los préstamos en bonos negociables, los pueblos de los países endeudados no pudieron escapar a sus consecuencias. La reducciones de la deuda producto del Plan Brady no fueron suficientemente profundas, y los Bonos Brady han llegado a ser tanto onerosos como impagables, tal como lo revelan los recientes acontecimientos en Ecuador. La entrada de grandes sumas de capitales privados a principios de los años 90 ocultó la magnitud del problema de la deuda hasta que la crisis mexicana de 1994 y 1995 y de Asia en 1997 dejaron al descubierto la fragilidad del sistema financiero internacional. Además, los masivos paquetes de rescate acordados con el FMI y los gobiernos de los paises del Norte convirtió muchas de las deudas privadas en resposabilidades públicas. Los inversionista privados fueron los primeros beneficiados por estos acuerdos, mientras el ciudadano medio tuvo que cargar con sus costos.
RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A LOS MINISTROS DE COMERCIO D.1. Reiteramos el llamado enunciado en la Declaración de Río de Janeiro (June 1999) por la reducción del peso de la deuda externa pública y privada de los países menos desarrollados como "una condición indispensable para la verdadera cooperación entre nuestros pueblos". Es más, insistimos que cualquier plan de reducción de la deuda no esté condicionado a la aceptación de un ortodoxo Programa de Ajuste Estructural (PAS). Las iniciativas de los acreedores para anular las deudas estan condicionadas, en algunas ocasiones a la aceptación de ajustes estructurales por largos años, como sucede con la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (IPPAE). El PAS implica un grado de intervención inaceptable en los asuntos internos de estados soberanos en tanto dichas políticas se les impone sin posibilidades de participación o evaluación de la sociedad civil. Además, la carga de las políticas de austeridad impuestas por los PAS recaen desproporcionadamente sobre los más pobres, especialmente sobre las mujeres, las cuales deben trabajar más en los empleos asalariados y en el hogar para compensar la ausencia de los programas sociales. Estudios recientes demuestran que las mujeres asumen una carga desmedida de desempleo y sub-empleo, como también la carga extra de tener que atender a los ancianos y a los familiares enfermos. Además, los (PAS) implican la privatización inapropiada de empresas y servicios que debieran permanecer bajo control público. D.2. El movimiento latinoamericano del Jubileo 2000, con representación de los grupos de la sociedad civil de toda la región de las Américas, busca la anulación de la impagable e ilegítima deuda externa. Nos sumamos al cuestionamiento que hace el movimiento del Jubileo 2000 a la legitimidad de la deuda. Tales deudas se acrecentaron debido a los intereses aumentados que resultaron del alza dramática en las tasas de interés en los países del Norte o que fueron contraídas por dictaduras y gobiernos formalmente democráticos, pero corruptos. D.3. La Declaración de Tegucigalpa del 27 de enero de 1999 que dio inicio la Coalición Latinoamérica y Caribeña Jubileo 2000 exige anular la deuda en el año 2000, y la creación de un Tribunal de Arbitraje, similar al que regula el procedimiento de insolvencia de las corporaciones comunales (municipales) bajo el Derecho de Insolvencia en Estados Unidos. Según el Capítulo 9 del código de insolvencia, está permitido amortizar o anular las deudas de las municipalidades sin que los últimos tengan que sacrificar el gasto público en salud, seguridad, o servicios de bienestar. Los grupos civiles afectados tienen voz en estos procedimientos. (Raffer 1993) Nos unimos a la demanda del movimiento Jubileo 2000 de anulación de la deuda que los gobiernos de países deudores y acreedores designen los jueces en igual número al Tribunal de Arbitraje. Es más, la designación de los jueces del Tribunal debe ser un proceso que cuente con la amplia participación de todos los sectores de la sociedad civil de los países deudores. D.4. La campaña brasileña del Jubileo 2000 convocó a un Tribunal Popular para poner en tela de juicio la legitimidad de la deuda externa de Brasil. Luego de oír testimonios de expertos sobre la deuda y de representantes del Movimiento de los Sin Tierra, desempleados, jubilados y sindicatos, el Tribunal llegó a la conclusión que gran parte de la deuda de Brasil es injusta e ilegítima. Nos sumamos al Tribunal Brasileño sobre la Deuda Externa (1999) en su llamado por entablar una demanda ante la Corte Mundial de Justicia en La Haya para que se pronuncie sobre los procesos que conllevaron a la deuda externa y a los factores responsables por su crecimiento, tales como las decisiones de aumentar las tasas de interés tomadas unilateralmente por los países acreedores.
Conclusión Los negociadores del Área de Libre Comercio de las Américas y de las disposiciones que regulan la Organización Mundial de Comercio deben tomar en cuenta la experiencia vivida bajo las disposiciones del TLCAN sobre inversiones en su evaluación de las propuestas que provienen del Foro Empresarial de las Américas respecto a la liberalización y la desregulación. Las organizaciones de la sociedad civil quieren ser escuchadas en este debate porque está en juego la esencia misma de la auto-determinación democrática. Los gobiernos deben mantener su derecho de establecer las reglas a la inversión extranjera, de resolver controversias de acuerdo a sus leyes nacionales, y de controlar el especulativo capital golondrina, si se pretende lograr una integración económica que sea sustentable en términos del medio ambiente y de la cual se beneficie el conjunto de la ciudadanía de las Américas, particularmente los grupos historicamente marginados como las mujeres, los pueblos originarios y la gente de color.
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